La Cámara de Diputados de la Nación protagonizó este miércoles una sesión histórica al rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la Ley Garrahan, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y asigna mayores recursos al hospital homónimo, así como al financiamiento universitario. La votación, que contó con 181 votos a favor de insistir con la ley y 60 en apoyo al veto, se desarrolló en un clima de fuerte movilización social, con miles de personas congregadas frente al Congreso en defensa de la salud y la educación pública.

La denominada Ley Garrahan, aprobada previamente por ambas cámaras, propone la reasignación de fondos, mejoras salariales, alivio impositivo y agilización de compras para hospitales pediátricos. El rechazo al veto presidencial implica que la ley deberá ser ratificada ahora por el Senado para entrar en vigor. En paralelo, la ley de financiamiento universitario también fue respaldada por una amplia mayoría, reflejando el consenso social sobre la importancia de la educación superior pública.

El revés legislativo expuso la fragilidad política del oficialismo, que quedó aislado y sin los respaldos necesarios para sostener su estrategia. El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, destacó que la ley representa un avance fundamental para el sistema universitario, garantizando recursos para el funcionamiento normal de las instituciones y fortaleciendo la movilidad social.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió sobre el impacto fiscal de la ley universitaria, señalando que su costo anual equivale a suspender planes sociales por tres meses o aumentar el IVA de manera significativa. Sin embargo, la masividad de la movilización y el respaldo legislativo evidenciaron la legitimidad social de los reclamos.

El rechazo a los vetos presidenciales marca un punto de inflexión en la estrategia política del gobierno, que enfrenta denuncias de corrupción, derrotas electorales y una creciente presión social. Profesionales de la salud y estudiantes universitarios expresaron su preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y educativas, subrayando la necesidad de fortalecer el sistema público.

A medida que el Senado se prepara para definir la aprobación final de las leyes, el escenario político se muestra incierto, con el oficialismo obligado a replantear su método de construcción y diálogo. El desenlace de este proceso será clave para el futuro de la salud y la educación pública en Argentina.