Un grave incidente ocurrido en la Escuela Primaria N°21 de Mar del Plata generó conmoción y debate en la comunidad educativa y social. Dos niñas de seis y siete años denunciaron haber sido manoseadas por un compañero de diez años durante el recreo, lo que desencadenó una serie de hechos violentos y reacciones extremas por parte de padres y vecinos.

La noticia se propagó rápidamente entre las familias, provocando que un grupo de padres irrumpiera en el establecimiento, agrediera a docentes y personal, y causara destrozos en el edificio. La situación se tornó aún más crítica cuando, horas después, la vivienda de la familia del niño acusado fue incendiada, dejándolos sin hogar. "Me arruinaron la vida", expresó la madre del menor en una entrevista radial, relatando el impacto devastador de los hechos.

La directora de la escuela activó el protocolo interno y dio aviso a las autoridades educativas y policiales. Sin embargo, la ley argentina establece que los menores de 16 años son inimputables, por lo que la Justicia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, dispuso medidas de protección y acompañamiento psicológico, sin iniciar una causa penal contra el niño. La investigación sobre los daños y agresiones quedó en manos de la Fiscalía N°5, que busca identificar a los responsables de los ataques a la escuela y a la policía.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense convocó a un paro de actividades por 24 horas en todo el distrito de General Pueyrredón, en señal de protesta y reclamo de mayor seguridad y contención en las instituciones educativas. La medida tuvo amplia adhesión y se acompañó de una marcha de docentes y vecinos, bajo la consigna "No a la violencia en las escuelas".

El caso puso en evidencia la falta de recursos, protocolos claros y gabinetes de contención en el sistema educativo, así como el incremento de hechos violentos en el ámbito escolar en Mar del Plata. Sindicatos y especialistas señalaron la necesidad de políticas públicas de prevención, asistencia psicológica y formación para abordar situaciones de conflicto grave y abuso entre menores.

Las autoridades municipales y educativas reconocieron la gravedad de la crisis y la urgencia de una intervención interdisciplinaria. Mientras tanto, la comunidad permanece en estado de alerta, con padres que evalúan retirar a sus hijos del establecimiento y docentes que expresan temor ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.