El gobierno de Javier Milei enfrenta su mayor crisis política desde el inicio de su gestión, con una serie de derrotas legislativas, fracturas internas y escándalos que han debilitado su autoridad. En los últimos días, el oficialismo perdió a sus principales operadores en el Congreso, como Santiago Caputo y Guillermo Francos, lo que ha dificultado la capacidad de negociación con la oposición y los gobernadores.

La situación se agravó cuando el Senado aprobó una serie de leyes que incrementan el gasto previsional y otorgan mayores fondos a las provincias, desafiando el equilibrio fiscal que el presidente Milei considera fundamental para su programa económico. La reacción del gobierno fue intentar presionar a legisladores y gobernadores a través de intervenciones mediáticas y campañas en redes sociales, pero la estrategia resultó contraproducente y profundizó las tensiones políticas.

En paralelo, la celebración del Día de la Independencia evidenció la ruptura con los gobernadores, ya que la mayoría decidió no asistir al acto oficial, dejando al presidente sin apoyos clave. A esto se suman escándalos como el vuelo no inspeccionado y la causa de las valijas, que involucran a allegados al gobierno y han derivado en investigaciones judiciales, afectando la imagen de la administración.

Las disputas internas también se hicieron públicas, con enfrentamientos entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, así como el desplazamiento de Santiago Caputo de las negociaciones políticas y electorales. El ministro de Economía, Luis Caputo, debió salir a desmentir versiones sobre el impacto económico de las leyes votadas, aunque la incertidumbre persiste en los mercados y la sociedad.

El contexto económico sigue siendo adverso, con inflación, desempleo y falta de inversiones, mientras la conflictividad social aumenta. Analistas coinciden en que, aun si La Libertad Avanza logra un buen resultado en las próximas elecciones, el gobierno deberá buscar consensos y reconstruir puentes con la oposición y los gobernadores para evitar una crisis mayor. La sociedad, por su parte, observa con preocupación el deterioro de los servicios públicos y la situación de los jubilados, mientras crecen las demandas de diálogo y soluciones estructurales.