El Concejo Deliberante de Allen, Río Negro, suspendió preventivamente al intendente Marcelo Román, referente de La Libertad Avanza, tras la imputación por presunta administración fraudulenta y peculado. La decisión, adoptada por seis votos a favor y tres en contra, se fundamenta en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal y tendrá vigencia hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva en la causa penal.

La investigación judicial, que tuvo un giro clave el 18 de junio, apunta a la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su entrega a un empresario local sin vínculo contractual, lo que habría generado un perjuicio de casi 600 mil pesos al erario público. La fiscalía sostiene que el empresario utilizó el dispositivo para impartir órdenes a empleados municipales, arrogándose funciones estatales. Por estos hechos, tanto Román como el empresario Sebastián Ocampo fueron imputados.

El dictamen legal que avaló la suspensión señala que la medida es preventiva y busca resguardar la investigación, evitando el entorpecimiento en la producción de pruebas. "La decisión de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia del intendente", aclaró el asesor legal del Concejo.

Tras la suspensión, Román calificó la medida como un "acto avasallador, ilegal y anticonstitucional" y anunció acciones judiciales para revertirla. "Seis personas no van a decidir sobre lo que la mayoría popular votó", expresó en un video difundido en redes sociales, donde también llamó a la ciudadanía a oponerse a la decisión.

Mientras dure el apartamiento, el presidente del Concejo, Fabián Figueroa (UCR), asumirá provisoriamente el Ejecutivo municipal. Desde la oposición, se sostiene que la suspensión no constituye una sanción anticipada, sino el cumplimiento de una obligación legal para preservar la institucionalidad y la transparencia.

El caso se produce en un contexto de tensiones políticas y antecedentes de mecanismos de revocatoria en Allen. Además, sectores ciudadanos impulsan una campaña de firmas para solicitar la revocatoria del mandato. El desenlace judicial y político del caso podría sentar precedentes para futuras situaciones similares en la provincia.