El femicidio de Mercedes Errapan, ocurrido en la ciudad bonaerense de Junín, generó una profunda conmoción social y puso en foco la respuesta judicial ante denuncias previas de violencia de género. Según fuentes policiales y judiciales, el hecho se produjo en la madrugada del miércoles, cuando Sebastián Daniel Bonafe, padrino de la hija de la víctima, ingresó a la vivienda de Errapan poco después de que su pareja saliera a trabajar. Allí, Bonafe asesinó a la mujer de un disparo y secuestró a la niña de siete años, hija de la víctima.

La desaparición de la menor activó la Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda de niños en riesgo, lo que permitió una rápida coordinación entre fuerzas de seguridad y la sociedad. Tras varias horas de búsqueda, Bonafe fue localizado en la ciudad de Pergamino, a unos 90 kilómetros de Junín. Al verse rodeado por la policía, el sospechoso tomó a la niña como rehén y la amenazó con un arma blanca, pero finalmente fue reducido y detenido. La menor fue rescatada ilesa y puesta bajo resguardo de las autoridades.

Durante la investigación, se hallaron cartas manuscritas en la vivienda de Bonafe, donde detallaba su plan para cometer el crimen y su posterior fuga. Además, se confirmó que el acusado tenía antecedentes por violencia de género y grooming, y había sido allanado días antes del hecho por una causa de acoso a la menor. Errapan había denunciado a Bonafe semanas antes, solicitando una orden de restricción que no llegó a concretarse.

El caso generó fuertes reacciones en la comunidad y entre organizaciones sociales, que reclamaron mayor protección y respuestas efectivas ante las denuncias previas. "Otra vez un femicidio que podría haberse evitado si la justicia hubiera reaccionado a tiempo", expresó SUTEBA Junín en un comunicado. Las autoridades destacaron la efectividad del operativo policial y la importancia de la Alerta Sofía, aunque el caso reaviva el debate sobre la prevención de la violencia de género y la actuación judicial ante antecedentes de agresores.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, quien indagará a Bonafe en las próximas horas, mientras la comunidad de Junín sigue exigiendo justicia y medidas concretas para evitar nuevas tragedias.