La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social de Conductores de Taxis de Córdoba y a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana, según las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025. Esta decisión, difundida oficialmente, se integra al proceso de reordenamiento del sistema sanitario impulsado por el Ministerio de Salud.

Las entidades afectadas presentaron incumplimientos en la presentación de balances y estados contables, deficiencias en la gestión institucional y falencias en la capacidad económico-financiera, lo que llevó a superar los factores de criticidad establecidos en la normativa vigente. Por este motivo, la Superintendencia ordenó que ambas obras sociales presenten, en un plazo máximo de 15 días, un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales. El Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro será el encargado de monitorear el cumplimiento de estos planes.

Con estas dos nuevas incorporaciones, ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis en Argentina. Además, la Superintendencia inició siete procedimientos de baja y mantiene ocho entidades bajo intervención, en el marco de una política de fiscalización y depuración del sector. El objetivo principal, según la entidad, es garantizar que los agentes en funcionamiento puedan sostener prestaciones de calidad y promover una gestión transparente.

El proceso de supervisión y saneamiento no se limita a Tucumán y Córdoba. Recientemente, otras entidades como la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y la Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución también fueron declaradas en crisis, obligadas a presentar planes de recuperación. La Superintendencia reiteró que la política general es robustecer los mecanismos de control y garantizar el acceso efectivo de la población a prestaciones sanitarias.

Las entidades afectadas tienen la posibilidad de presentar recursos administrativos para reconsiderar la medida. El seguimiento de la situación se centrará tanto en la presentación formal de documentos como en indicadores económico-financieros y la capacidad de repago. El Gobierno busca así fortalecer el sistema de salud y asegurar la sostenibilidad financiera de las obras sociales, en beneficio de sus afiliados.