Cultura contrató la consultora de un empleado y el trabajo lo facturó una municipal de Godoy Cruz
• Mendoza: informe revela impacto económico y polémica en Cultura • +$120 mil millones generados por festivales y Vendimia • Denuncian conflicto de intereses en contratación de consultora vinculada a empleados públicos • Se investiga posible violación ética



La temporada de verano 2025/2026 en Mendoza se destacó por una agenda cultural sin precedentes, con 160 eventos y 453 noches culturales que atrajeron a más de dos millones de asistentes. Según el informe presentado por la Subsecretaría de Cultura, el impacto económico superó los 120 mil millones de pesos, con un retorno de cinco pesos por cada peso invertido, beneficiando principalmente a los sectores de turismo y gastronomía. Además, se generaron más de 35 mil empleos temporales, consolidando a Mendoza como uno de los polos culturales más activos del país.
Sin embargo, la difusión del informe oficial desató una polémica administrativa. Se reveló que la consultora responsable del estudio, Estudios.S, es dirigida por Mariano Peroni, actual empleado de la Dirección de Industrias Creativas. El pago del trabajo se realizó a consultores externos, ya que la empresa no estaba formalizada, pero la situación generó sospechas de conflicto de intereses y posibles violaciones a la normativa sobre ética y responsabilidad en la función pública. El Estatuto del Empleado Público prohíbe que empleados estatales sean proveedores del Estado o gestionen contratos para sí mismos o terceros mientras ocupan cargos públicos.
Ante la denuncia, la Subsecretaría de Cultura inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y aseguró que, de comprobarse irregularidades, se aplicarán sanciones. La oposición, por su parte, prepara un pedido de informes en la Legislatura para exigir explicaciones sobre los controles en la contratación de proveedores estatales. La comunidad artística y trabajadores del sector manifestaron su indignación, señalando la contradicción entre los recortes presupuestarios y la detección de manejos irregulares con fondos públicos.
El informe también puso en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación entre municipios para evitar la superposición de festivales, lo que podría potenciar el impacto cultural y económico. Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la transparencia y la ética en la gestión pública, en un contexto donde la cultura se consolida como motor de desarrollo económico y social en Mendoza.
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