El Sindicato de Camioneros atraviesa una de sus crisis más profundas, marcada por el colapso de su obra social, divisiones familiares y episodios de violencia interna. En los últimos días, trabajadores de los sanatorios del gremio en Buenos Aires protestaron por la falta de pago de salarios, exhibiendo carteles dirigidos a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y responsable de la administración de la obra social. Solo el Sanatorio Antártida logró abonar los sueldos completos, mientras que en otros establecimientos los pagos fueron parciales, generando malestar entre médicos, enfermeros y personal administrativo.

La obra social OSCHOCA, eje histórico de los negocios del sindicato, enfrenta una deuda superior a los $26.617 millones y una pérdida significativa de afiliados, lo que ha derivado en la reducción de servicios médicos y en la judicialización de tratamientos no cubiertos. Para intentar revertir la situación, el gremio acordó con empresarios un aporte extraordinario de $20.000 por trabajador, priorizando el fondeo de la obra social sobre los aumentos salariales, lo que ha generado descontento entre los afiliados.

La crisis interna se agravó con una violenta pelea entre facciones del sindicato durante un torneo de fútbol en el Club Argentino de Merlos. El enfrentamiento, que involucró a trabajadores alineados con Pablo Moyano y otros con Jerónimo Moyano, expuso la fractura familiar y política dentro del gremio. La disputa se intensificó tras la expulsión de dirigentes cercanos a Pablo Moyano, acusados de una presunta estafa de USD 10 millones en el hotel sindical de Mar del Plata, actualmente bajo investigación judicial.

El conflicto familiar entre Hugo Moyano y su hijo Pablo, quien se mantiene alejado de la conducción formal pero conserva influencia entre los delegados, ha generado una campaña de apoyo a Pablo y a Marcelo Aparicio, secretario gremial. Pintadas y banderas en apoyo a ambos se han visto en distintas localidades y eventos deportivos, reflejando el descontento con la actual conducción.

La situación pone en riesgo la estabilidad del sindicato y la atención médica de sus afiliados, mientras la investigación judicial y la crisis financiera continúan generando incertidumbre sobre el futuro del gremio y la obra social.