El Gobierno nacional confirmó el despido de Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tras ser detenido por su presunta participación en los destrozos ocurridos en las instalaciones de TN y eltrece. El hecho tuvo lugar en el edificio ubicado en Lima 1200, barrio Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, poco después de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Según fuentes oficiales, Grasso Rivaldi fue identificado a través de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano y detenido por la Policía porteña en las inmediaciones del canal. El Gobierno informó que el empleado recibirá la carta documento de despido en las próximas horas. Grasso Rivaldi, de 43 años y residente en Villa Ballester, ingresó al INTI en 2013 y también integra la Asociación de Trabajadores del Estado.

Además de Grasso Rivaldi, las autoridades identificaron a otros participantes en el ataque, entre ellos José Lepere, exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández y dirigente de La Cámpora, así como a otros militantes vinculados al peronismo bonaerense. Sin embargo, hasta el momento, Grasso Rivaldi es el único detenido en la causa, mientras que los demás implicados evalúan presentarse ante la Justicia.

El ataque, que involucró a unas 70 personas, causó daños en la fachada del canal y en al menos seis vehículos, incluyendo los de figuras públicas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió el accionar violento y exigió una investigación urgente, así como mayor protección para los medios y periodistas. El Gobierno nacional, por su parte, busca evitar la politización del caso y subrayó que respetará el proceso judicial sin realizar exhibiciones públicas de los detenidos.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión política tras la condena a Cristina Kirchner, con manifestaciones y expresiones de apoyo a la exmandataria por parte de dirigentes y militantes. El caso reaviva el debate sobre la seguridad de los medios y la necesidad de preservar la institucionalidad democrática en el país.