El Gobierno nacional y sectores del kirchnerismo han iniciado negociaciones para ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cubrir las vacantes existentes, en un proceso que podría redefinir el equilibrio de poder en el máximo tribunal. Tras el rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la Casa Rosada explora alternativas para destrabar la situación y lograr los dos tercios necesarios para aprobar nuevos nombramientos.

Según fuentes parlamentarias y periodísticas, la propuesta más firme es aumentar el número de jueces de la Corte a cinco, siete o incluso nueve miembros. En este marco, se barajan los nombres de la senadora Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina Kirchner, y el camarista federal Mariano Llorens, vinculado al oficialismo. La fórmula de "un juez por sector" busca garantizar el respaldo de los principales bloques y evitar nuevos fracasos en el Senado.

Las negociaciones, que involucran a operadores como Juan Martín Mena por el kirchnerismo y Sebastián Amerio por el Gobierno, se desarrollan en un clima de hermetismo y desmentidas públicas. Sin embargo, diversas fuentes coinciden en que el diálogo sigue abierto y que la discusión formal podría retomarse en marzo, cuando se reanude la actividad legislativa.

El contexto político es clave: tras las elecciones legislativas, el oficialismo ha fortalecido su presencia en el Senado, pero sigue necesitando acuerdos con el peronismo, el radicalismo y bloques provinciales para alcanzar la mayoría agravada. El kirchnerismo, aunque debilitado, conserva capacidad de negociación, especialmente en lo que respecta a la designación de jueces y la integración del Consejo de la Magistratura.

El debate sobre la ampliación de la Corte y la selección de candidatos ha generado suspicacias en la oposición, que teme un pacto entre Milei y Cristina Kirchner. Desde el kirchnerismo, algunos sectores han calificado de "disparate" la posible nominación de Fernández Sagasti, mientras que otros analistas señalan la contradicción de negociar con adversarios políticos tras campañas de confrontación.

Más allá de los nombres, la discusión pone en evidencia la dificultad de construir consensos en torno a la Justicia y la necesidad de acuerdos amplios para garantizar la legitimidad de la Corte Suprema. El desenlace de estas negociaciones podría tener un impacto duradero en el funcionamiento del Poder Judicial y en la dinámica política argentina.