El ingreso de diez valijas sin control aduanero en un vuelo privado procedente de Miami ha desatado una fuerte polémica en la Argentina y motivó una investigación judicial por presunto contrabando y privilegios. El hecho ocurrió el 26 de febrero, cuando un jet de la empresa Royal Class, propiedad de Leonardo Scatturice, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con Laura Belén Arrieta, gerente de OCP Tech y organizadora de la cumbre conservadora CPAC, y dos tripulantes.

Según registros de cámaras de seguridad y el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el equipaje de Arrieta y los tripulantes —al menos diez bultos, aunque solo cinco fueron declarados— no fue sometido a los controles habituales de Aduana. Las imágenes muestran que el grupo fue conducido por un carril exclusivo, evitando los scanners, mientras el resto de los pasajeros sí debió cumplir con el procedimiento regular. El dictamen fiscal sostiene que la decisión de no controlar el equipaje fue "expresa y directa" del personal aduanero, sin justificación operativa.

El Gobierno, a través de funcionarios como el titular de ARCA, Juan Pazo, defendió el accionar de Aduana, argumentando que el escaneo de equipaje es una facultad selectiva y que el avión ya había cumplido con los controles de seguridad en Estados Unidos. "No es obligatorio escanear el 100% de las valijas", afirmó Pazo, y remarcó que la denuncia penal fue impulsada por la propia administración.

La oposición, en cambio, denunció privilegios e impunidad, señalando la cercanía de los involucrados con el presidente Javier Milei y la CPAC, organización vinculada a Donald Trump. El diputado Maxi Ferraro criticó el intento de encubrimiento y la falta de respuestas oficiales a los pedidos de información.

El caso se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre los vínculos entre el Gobierno argentino y sectores conservadores estadounidenses. La Justicia investiga posibles delitos de contrabando y encubrimiento, mientras la empresa OCP Tech niega cualquier irregularidad y asegura que se cumplieron todos los controles.

El desenlace de la causa podría tener implicancias políticas y judiciales de peso, en un escenario donde la transparencia y el control institucional están en el centro del debate público.