El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó su profunda preocupación ante el inminente tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral, aprobado previamente por el Senado. La entidad, que representa a casi 90.000 abogados, advirtió que los artículos 20 y 277 del proyecto podrían afectar de manera directa el ejercicio profesional de los abogados laboralistas y, en consecuencia, el acceso a la justicia de los trabajadores.

Según el CPACF, el artículo 20 introduce la figura de la "pluspetición inexcusable", que responsabiliza patrimonialmente al abogado si el juez considera que hubo una sobreestimación en el reclamo judicial. "La ambigüedad de este concepto implica un riesgo patrimonial directo para los profesionales y configura un trato discriminatorio respecto de otras ramas del derecho", señalaron desde la entidad. Además, el artículo 277 habilita el pago en cuotas de sentencias laborales, incluyendo los honorarios profesionales, lo que podría afectar la percepción oportuna de estos ingresos, considerados de naturaleza alimentaria.

El Colegio envió cartas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y a los titulares de los bloques parlamentarios, solicitando que se consideren especialmente las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol de los abogados en la defensa de los derechos laborales. "Cualquier actualización normativa no puede exceder los límites constitucionales ni debilitar los estándares de tutela vigentes", afirmó Ricardo Gil Lavedra, presidente del CPACF.

Desde el oficialismo, en tanto, se sostiene que la reforma busca modernizar el régimen laboral, dar previsibilidad y evitar abusos procesales. El debate se da en un contexto de alta litigiosidad laboral y cuestionamientos sobre la llamada "industria del juicio". Entre 2023 y 2025, las demandas laborales por accidentes de trabajo se multiplicaron por 44, según datos citados en el debate.

El tratamiento del proyecto en Diputados será clave para definir el alcance final de la reforma. Mientras tanto, el sector jurídico advierte sobre el riesgo de desalentar el patrocinio de casos laborales y de afectar la defensa técnica de los trabajadores, en un contexto de tensiones institucionales y cambios en el mapa judicial argentino.