El presidente Javier Milei presentó este jueves un proyecto de reforma integral del Código Penal argentino, en un acto realizado en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. Acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Milei destacó la necesidad de actualizar una normativa vigente desde 1921, que ha sido objeto de más de mil reformas parciales sin lograr una modernización integral.

La iniciativa, elaborada por una comisión de jueces, fiscales y especialistas, propone unificar el Código Penal y las leyes especiales en un solo cuerpo normativo, ampliando la cantidad de artículos de 316 a 920. Entre los principales ejes del proyecto se encuentran el endurecimiento de penas para delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, ciberdelitos y violencia organizada, así como la incorporación de nuevos delitos como el "stealthing", la pornovenganza, la crueldad animal y los delitos ambientales.

Uno de los puntos más controvertidos es la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, medida que el Gobierno justifica como respuesta al uso de menores por parte de organizaciones criminales. Además, el proyecto establece la imprescriptibilidad de delitos como homicidios, abusos sexuales y trata de personas, y restringe la libertad condicional y la liberación anticipada para reincidentes y condenados por delitos graves.

En materia de corrupción, se agravan las penas para funcionarios públicos y se habilita el decomiso anticipado de bienes, incluso sin condena en casos de fallecimiento, fuga o prescripción, bajo control judicial. El texto también refuerza la protección a las fuerzas de seguridad y endurece las sanciones para delitos como hurto, robo, estafas piramidales y usurpación.

El Gobierno sostiene que la reforma busca fortalecer la transparencia, combatir la impunidad y garantizar una sociedad más segura. Sin embargo, especialistas y sectores críticos advierten sobre el riesgo de un "populismo penal" y cuestionan la falta de participación plural en la comisión redactora. "Subir las penas es puro populismo penal. Hay que legislar sobre nuevos delitos, pero con racionalidad y proporcionalidad", opinó el penalista Manuel Garrido.

El proyecto será remitido al Congreso de la Nación para su debate y eventual aprobación, en un contexto donde reformas similares fracasaron en el pasado por falta de consenso legislativo. El debate promete ser intenso, con posturas encontradas sobre el alcance y la efectividad de las medidas propuestas.