La Legislatura de Mendoza aprobó el pasado 9 de diciembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge, habilitando la construcción de la primera mina de cobre en la provincia en más de 25 años. La votación, que resultó en 29 votos a favor y 6 en contra, marca un hito para la minería mendocina y abre la puerta a una inversión estimada entre 560 y 600 millones de dólares, con la promesa de generar hasta 3.900 empleos durante la etapa de construcción y 2.400 en la fase de producción.

El proyecto, impulsado por la suiza Zonda Metals y el Grupo Alberdi de Argentina, prevé la producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino y 40.000 onzas de oro como subproducto, con una vida útil inicial de 16 años y posibilidad de extensión. La aprobación se da en el marco de la ley 7722, que exige un estricto control legislativo y social sobre la actividad minera en Mendoza.

La sesión legislativa estuvo acompañada por masivas protestas en el centro de Mendoza y cortes de ruta en Tunuyán y Uspallata. Las estimaciones sobre la cantidad de manifestantes varían: mientras fuentes oficiales hablan de 1.500 personas, organizaciones sociales y medios alternativos reportan hasta 20.000 participantes. Las consignas principales giraron en torno a la defensa del agua y el rechazo a la minería considerada contaminante.

El gobierno provincial, encabezado por Alfredo Cornejo, defendió la aprobación como un paso hacia la diversificación productiva y el desarrollo económico, destacando la creación de un Fondo de Compensación Ambiental y el fortalecimiento de los controles ambientales. "Para nosotros representa el inicio de la etapa de los controles", afirmó Jerónimo Shantal, director de minería de Mendoza.

Por su parte, asambleas ambientales, sindicatos docentes y estatales, y organizaciones sociales denunciaron la falta de "licencia social" y advirtieron sobre los riesgos ambientales del proyecto. El debate público se intensificó en redes sociales y medios, con acusaciones cruzadas de desinformación y amenazas a legisladores.

El proyecto San Jorge había sido rechazado en 2008 y enfrentó resistencia en 2011 y 2019. Su aprobación actual se da en un contexto internacional de precios récord del cobre, lo que posiciona a Argentina como un actor potencialmente relevante en el mercado global. El futuro del proyecto dependerá de la implementación efectiva de los controles ambientales y del desarrollo de un diálogo social que permita canalizar las demandas y preocupaciones de la ciudadanía.