El Gobierno argentino presentó este jueves en la Casa Rosada el proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca transformar el régimen tributario nacional y facilitar la formalización de ahorros mantenidos fuera del sistema financiero. El anuncio estuvo a cargo del diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y del titular de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

La propuesta eleva significativamente los umbrales para que una conducta sea considerada delito de evasión: el monto mínimo para evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones, y para evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones. Además, se reduce el plazo de prescripción tributaria de cinco a tres años para quienes cumplan con la presentación de declaraciones juradas en tiempo y forma. Según Pazo, estas modificaciones permitirán que de las 7.500 causas penales tributarias actualmente abiertas, solo unas 200 permanezcan en curso.

El proyecto también introduce un régimen simplificado de Ganancias, que permitirá a los contribuyentes pagar el impuesto únicamente sobre lo facturado, sin que se consideren las variaciones patrimoniales. "El objetivo es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó el ahorro de la maldita casta política para que tenga la posibilidad de formalizar el ahorro sin que lo persigan", afirmó Espert durante la presentación.

El oficialismo sostiene que la medida incentivará la formalización de la economía, facilitará el acceso al crédito y aumentará la recaudación, en línea con el "Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos". Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas entre especialistas y sectores de la oposición, quienes advierten sobre el riesgo de blanqueo de activos y la posible falta de controles efectivos. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros mandatarios provinciales han sido señalados por no adherir al régimen, lo que podría dificultar la implementación plena de la reforma.

El debate ahora se traslada al Congreso, donde el proyecto deberá sortear resistencias y negociaciones políticas. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que la nueva ley marque un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes, priorizando la presunción de inocencia y la simplificación fiscal.