El Congreso argentino fue escenario de intensos debates en torno a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto, que introduce cambios en licencias médicas, indemnizaciones y jornada laboral, fue aprobado en la Cámara de Diputados tras la eliminación del controvertido artículo 44, que proponía descuentos salariales en caso de licencias médicas. La decisión de suprimir este artículo se tomó luego de declaraciones públicas del ministro Federico Sturzenegger y una fuerte presión social, lo que obligó al oficialismo a negociar con gobernadores y aliados para asegurar los votos necesarios.

El contexto político estuvo marcado por una oposición fragmentada y la convocatoria a un paro nacional por parte de la CGT, cuyo impacto fue limitado debido a la escasa movilización en las calles. El cierre de la fábrica de neumáticos Fate, que dejó 920 empleados despedidos, evidenció la crisis industrial y el efecto de la apertura de importaciones sobre el empleo. Según datos oficiales, desde noviembre de 2023 se han cerrado cerca de 22.000 empresas y perdido 197.000 empleos en el sector privado, lo que genera preocupación en sectores industriales y sindicales.

La reforma laboral forma parte de un paquete de reformas estructurales que el gobierno busca aprobar antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. El PRO y los gobernadores aliados desempeñaron un papel clave en la negociación parlamentaria, mientras el peronismo y el kirchnerismo enfrentan crisis de liderazgo y dificultades para articular una oposición efectiva. El debate parlamentario estuvo marcado por incidentes y declaraciones polémicas, reflejando la tensión social y política que atraviesa el país.

La CGT anticipa una avalancha de juicios contra la nueva ley, mientras diputados de Unión por la Patria advierten que buscarán derogarla si regresan al poder. El gobierno, por su parte, celebra el avance legislativo y confía en que las reformas contribuirán a la reconversión económica, aunque persisten dudas sobre el impacto real en los trabajadores formales e informales. El conflicto social se agudiza especialmente en el Gran Buenos Aires, donde la presión impositiva y la caída del empleo generan inquietud. El futuro de la reforma laboral y sus consecuencias sobre el mercado de trabajo siguen siendo motivo de debate y preocupación.