La crisis en la cobertura médica de los militares argentinos se ha profundizado en los últimos meses, tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). A pesar de los anuncios oficiales, miles de afiliados en todo el país continúan sin acceso a prestaciones médicas esenciales, lo que ha generado un clima de creciente malestar y protestas en el sector castrense.

En provincias como Mendoza, Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca y Tucumán, hospitales y clínicas han suspendido la atención a los afiliados debido a deudas impagas que, según estimaciones, superan los $200.000 millones. "Ya vamos a cumplir tres meses y casi 20.000 afiliados en Mar del Plata y su área de influencia no tienen ningún tipo de cobertura", denunció un militar consultado. La situación se repite en otras regiones, dejando a personal en actividad, retirados y sus familias sin acceso a consultas, tratamientos y cirugías.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, designó recientemente a los integrantes del directorio de OSFA, con la promesa de restablecer la cobertura. Sin embargo, la transición entre IOSFA y OSFA avanza lentamente y sin soluciones concretas para los afiliados. El decreto 88/2026, que dispuso la liquidación de IOSFA, no incluyó un mecanismo claro para cancelar las deudas con prestadores, lo que ha impedido la reanudación de los servicios.

El descontento se ha traducido en movilizaciones y protestas, la próxima convocada para el 12 de marzo frente a la ex sede de IOSFA en Buenos Aires y en delegaciones del interior. Asociaciones de suboficiales y empleados del sector han impulsado estas acciones ante el silencio institucional y la falta de respuestas. En paralelo, se multiplican los reclamos judiciales para exigir la cobertura de tratamientos urgentes.

La crisis también ha generado fuertes cruces políticos y denuncias de vaciamiento y mala gestión durante la administración anterior. Legisladores y referentes militares han señalado la gravedad de la situación, que afecta a militares en actividad, retirados, personal civil y veteranos de Malvinas. "Hablamos de vida y muerte. Es una bendición de Dios que este soldado haya sobrevivido, pero es lamentable que siga sin respuestas, como tantas familias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad", expresó la diputada Lourdes Arrieta tras el intento de suicidio de un suboficial retirado.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el gobierno enfrenta una creciente presión para garantizar el derecho a la salud de los uniformados y sus familias, en un contexto de crisis financiera y desconfianza institucional.