Argentina enfrenta una crisis sanitaria y económica tras la confirmación de tres casos de scrapie, una enfermedad neurodegenerativa fatal que afecta a ovinos y caprinos, en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que los animales afectados, de la raza Dorper, habían sido importados legalmente desde Paraguay entre 2021 y 2022, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes y los controles posteriores a su ingreso.

La aparición de la enfermedad, también conocida como tembladera, llevó a la pérdida del estatus de país libre de scrapie ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), lo que desencadenó la suspensión de exportaciones ovinas y caprinas a numerosos mercados internacionales. Según estimaciones del sector, están en riesgo negocios por entre 200 y 300 millones de dólares anuales, incluyendo carne, lana y subproductos industriales y farmacéuticos.

El brote fue detectado en tres cabañas: Dorper Santa Fe (Reconquista), El Tacurú (Tacural) y El Luchador (Herrera). Los productores involucrados cumplieron con los protocolos de cuarentena y remisión de muestras, pero la demora en el análisis de los cerebros de los animales fallecidos generó críticas hacia el Senasa por supuestas fallas en los controles y la gestión de la emergencia. "Mi cabaña está interdictada. El Senasa me notificó que estoy bloqueado durante dos años como mínimo. No voy a subsistir durante dos años, me fundo", declaró uno de los criadores afectados.

La enfermedad, causada por priones, tiene un largo período de incubación y no presenta síntomas inmediatos, lo que dificulta su detección y control. Aunque no representa un riesgo para la salud humana ni afecta el consumo de carne ovina, la noticia generó preocupación en toda la cadena productiva, especialmente en la Patagonia, donde la exportación ovina es clave para la economía regional.

El sector reclama mayor transparencia, recursos y coordinación en la respuesta sanitaria, así como la urgente renegociación de los protocolos de exportación con los países compradores. Mientras tanto, las autoridades y productores mantienen la cautela ante la posibilidad de que el brote se expanda y agrave el impacto económico y comercial para la ganadería argentina.