El Gobierno nacional vetó la ley que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca tras las inundaciones del 7 de marzo, anulando la creación de un fondo especial de $200.000 millones para la asistencia y reconstrucción de la ciudad. La medida, oficializada mediante el decreto 424/2025 y firmada por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, dejó sin efecto un proyecto que había sido aprobado por amplia mayoría en el Congreso.

El Ejecutivo justificó el veto argumentando que la asistencia económica ya había sido implementada a través del decreto 238/2025, que creó un fondo especial y un régimen de subsidios para los damnificados. Según el Gobierno, el 85% de los inscriptos ya recibió ayuda y el resto está en proceso de análisis o fue rechazado. Además, se cuestionó que la ley no especificaba la fuente de financiamiento, en contravención de la Ley de Administración Financiera.

La decisión generó un fuerte rechazo de la oposición y de autoridades locales. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, lamentó que la reconstrucción "aún no comenzó" y reclamó más recursos y gestión. Desde el Gobierno bonaerense, el ministro Gabriel Katopodis calificó la medida como "grave e irresponsable" y aseguró que la asistencia nacional fue "parcial e insuficiente". Legisladores de distintos bloques anticiparon que insistirán con la ley en el Congreso, argumentando que el fondo especial contemplaba soluciones estructurales y un control parlamentario que no están previstos en el decreto del Ejecutivo.

El temporal que azotó Bahía Blanca dejó 16 muertos y daños millonarios, con la ciudad partida y numerosas familias afectadas. Las autoridades locales estiman que la reconstrucción requiere más de $400.000 millones. Mientras tanto, la controversia política continúa y se prevé un nuevo debate parlamentario para intentar revertir el veto presidencial.