La médica residente Chantal “Tati” Leclercq fue imputada este lunes por la Justicia argentina bajo la acusación de administración fraudulenta, en el marco de una investigación por el presunto robo y consumo de anestésicos en el Hospital Rivadavia. La causa, que ha generado gran repercusión en el ámbito sanitario, se inició tras una denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), luego de que un colega reportara haber visto a Leclercq bajo los efectos de sustancias dentro del hospital.

Según fuentes judiciales, Leclercq admitió ante la AAARBA haber consumido propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, drogas de uso restringido en anestesiología, que habría sustraído del stock del hospital. La imputación fue formalizada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, a cargo del juez Alejandro Litvack, tras una serie de allanamientos realizados en su departamento de Palermo y en una propiedad familiar en el country Santa Bárbara, en Tigre. En los operativos, la Policía de la Ciudad y la Bonaerense secuestraron dispositivos electrónicos, aunque no se hallaron ampollas de anestésicos.

El caso tomó un giro particular cuando, en mayo de 2025, vecinos del edificio donde reside Leclercq reportaron en el chat grupal el hallazgo de agujas hipodérmicas en el laundry comunitario. “Por favor, revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras y secadoras. Me encontré con todo esto en el filtro de las secadoras”, escribió un vecino, mientras que otra vecina insistió en la peligrosidad de la situación días después. Leclercq, integrante del grupo, no realizó comentarios al respecto.

La investigación sobre Leclercq es independiente de la que involucra a los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse, procesados por hechos similares en el Hospital Italiano. Si bien su nombre aparece en el contexto general de la investigación, Leclercq no está imputada en la causa que investiga la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, aunque fue allanada en ese expediente.

El escándalo, conocido como “propofest”, ha puesto en el centro del debate la seguridad y el control de medicamentos en los hospitales porteños. Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance de las responsabilidades y evitar nuevos episodios de desvío y consumo indebido de sustancias en el ámbito de la salud pública.