La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha dado un paso significativo hacia la consolidación de su independencia funcional y orgánica. A través de la resolución Nº 931/2025, el máximo tribunal ha decidido asumir progresivamente la defensa de sus intereses en causas judiciales, extrajudiciales y administrativas, una tarea que hasta ahora era responsabilidad exclusiva del Ministerio de Justicia de la Nación.

La medida autoriza a los abogados de la Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC) de la Corte a ejercer la abogacía exclusivamente para representar al tribunal. Según la resolución, estos letrados no percibirán honorarios por su labor, y cualquier monto generado será transferido a una cuenta bancaria de titularidad de la Corte. Además, el tribunal se hará cargo de todos los gastos relacionados con la actuación profesional de estos abogados, incluyendo impuestos, tasas, contribuciones y matrícula profesional.

El Ministerio de Justicia deberá informar a la DAC sobre cualquier juicio en el que la Corte sea parte, así como de los actos procesales que requieran su intervención. La resolución también habilita a los abogados de la DAC a matricularse en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y en tribunales federales de las provincias, según corresponda.

La creación de la DAC responde a la necesidad de contar con un órgano especializado que garantice una defensa más eficiente y evite dilaciones innecesarias en casos de alta relevancia institucional y patrimonial. Según los considerandos de la resolución, esta medida es especialmente necesaria en pleitos que involucran plazos procesales perentorios y, con frecuencia, exiguos.

Expertos en derecho constitucional han señalado que esta decisión representa un avance hacia una mayor independencia del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado. Sin embargo, también podría generar tensiones con el Ministerio de Justicia, que hasta ahora tenía la responsabilidad exclusiva de representar a la Corte en estos casos.

En un contexto de fortalecimiento de la autonomía judicial, esta medida subraya la importancia de garantizar la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial en Argentina. Se espera que la implementación de esta resolución contribuya a una gestión más ágil y efectiva de los litigios en los que la Corte Suprema sea parte.