El nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe entró en vigencia este fin de semana, transformando el modo en que se investigan y juzgan los delitos cometidos por menores de 18 años en la provincia. La reforma, aprobada a fines de 2023, elimina los juzgados de menores y transfiere la investigación y acusación de estos casos al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ahora cuenta con unidades especializadas y fiscales adjuntos designados en las principales circunscripciones judiciales.

La fiscal general María Cecilia Vranicich explicó que el objetivo central es lograr investigaciones más eficientes y dar mayor protagonismo a las víctimas, quienes podrán participar como querellantes adhesivos. "La investigación va a ser más eficaz porque antes trabajábamos junto a los jueces de menores. Ahora, la investigación integral la vamos a tener nosotros", señaló Vranicich, subrayando que la edad de punibilidad se mantiene en 16 años. Los adolescentes menores de esa edad podrán ser investigados y llevados a audiencia imputativa, aunque no recibirán condena penal.

El traspaso de causas y personal fue inmediato: más de 1.100 expedientes y decenas de empleados y funcionarios pasaron al MPA. En Rosario, 137 adolescentes permanecen privados de libertad bajo el sistema anterior, mientras se revisan sus situaciones procesales. El nuevo código incorpora figuras como el juicio abreviado y la suspensión de juicio a prueba, ampliando las alternativas al proceso tradicional.

Sin embargo, la reforma ha generado críticas. Trabajadores de la Dirección Penal Juvenil y especialistas advierten sobre la falta de capacitación y la posible pérdida del principio de especialidad, que exige que jueces y fiscales sean expertos en derecho penal juvenil. Además, la posibilidad de prisión preventiva para menores punibles, similar al régimen adulto, es vista como un retroceso en materia de derechos por algunos sectores. "La privación de libertad debe ser la última opción, pero este código la equipara con la de los adultos", sostuvo la exdiputada Matilde Bruera.

El debate sobre el alcance y las consecuencias de la reforma sigue abierto. Mientras las autoridades destacan la transparencia y el equilibrio entre garantías de imputados y derechos de víctimas, otros temen que el nuevo sistema derive en un enfoque más punitivo y menos restaurativo para los jóvenes en conflicto con la ley. El desafío será garantizar la protección de derechos y la eficacia en la persecución penal juvenil en un contexto de creciente violencia en la provincia.