La muerte de Cristian Moyano, un interno y cadete de la Policía Bonaerense, en la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela, ha generado conmoción y una rápida respuesta judicial. Moyano, de 24 años, fue asesinado el sábado 1 de noviembre tras recibir una brutal golpiza que le provocó más de 25 lesiones, incluyendo fracturas de costillas, golpes en el rostro y una lesión en el cuello que llevó a los médicos forenses a investigar si también fue asfixiado. El joven había ingresado al penal apenas unos días antes, acusado de abuso sexual agravado.

Tras conocerse la muerte de Moyano, el domingo se produjo un motín en dos pabellones de la cárcel, donde los internos retuvieron a un guardia penitenciario como rehén. La situación fue controlada horas después, pero puso en evidencia la tensión y el malestar dentro del establecimiento. La investigación judicial, a cargo del fiscal Christian Granados y el juez Julián Busteros, derivó en la detención de cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), imputados por homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía, y por ser miembros del servicio penitenciario.

Uno de los agentes detenidos declaró ante el fiscal y negó haber estado presente en el momento de la agresión, mientras que los demás guardias permanecen bajo investigación. Las autoridades de la Unidad 24 y del Complejo Penitenciario Florencio Varela aseguraron que colaboran plenamente con la Justicia y se abrió un sumario administrativo para esclarecer lo sucedido. Además, se secuestraron celulares y cámaras de seguridad, y se preservaron las áreas donde ocurrieron los hechos para realizar pericias.

El caso ha reavivado las denuncias sobre violencia institucional y condiciones precarias en el sistema penitenciario bonaerense, especialmente en la Unidad 24, que ha sido señalada en los últimos años por episodios similares. La Fiscalía N°9 continúa analizando pruebas y no descarta nuevas medidas judiciales, mientras la sociedad y organismos de derechos humanos expresan preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos de los internos en las cárceles de la provincia.

La muerte de Moyano y el posterior motín ponen en el centro del debate la necesidad de reformas y controles más estrictos en el sistema penitenciario, así como la importancia de garantizar la integridad física y los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad.