La Justicia argentina ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados por la causa Vialidad devolver al Estado la suma de $684.990 millones, equivalentes a unos 540 millones de dólares al cambio oficial. El monto, actualizado por peritos contables de la Corte Suprema, responde a la inflación acumulada desde la sentencia original de 2022, que había fijado el perjuicio al Estado en $84.000 millones.

El fallo, ratificado recientemente por la Corte Suprema, establece que los condenados tienen un plazo de diez días para restituir el dinero. En caso de incumplimiento, la Justicia procederá al decomiso y eventual subasta de los bienes embargados, que incluyen 213 propiedades, seis sociedades, cuentas bancarias, vehículos y sumas millonarias en efectivo. Entre los bienes afectados figuran los que Cristina Kirchner donó a sus hijos en 2016, aunque los fiscales sostienen que estos también pueden ser decomisados.

La causa Vialidad investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Kirchner, beneficiando al empresario Lázaro Báez. Además de la expresidenta, fueron condenados Báez, un exsecretario de Obras Públicas, exdirectores de Vialidad Nacional y exadministradores provinciales. Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El proceso judicial ha tenido un fuerte impacto político y mediático, siendo calificado por algunos sectores como un caso emblemático de corrupción y por otros como una persecución política. La Justicia, por su parte, argumenta que la recuperación de activos ilícitos es fundamental para resarcir al Estado y evitar que los condenados se beneficien de los bienes obtenidos de manera ilegal. El caso continúa generando debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública argentina.