El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada en noviembre de 2025, fue financiada en un 87% mediante una hipoteca no bancaria otorgada por dos mujeres jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran como acreedoras en la escritura pero han evitado confirmar públicamente un vínculo con el funcionario.

Según consta en el expediente, la compra del inmueble por US$230.000 no fue incluida en la última declaración jurada de Adorni, aunque sí figura en el Registro de la Propiedad. La escribana Adriana Nechevenko, responsable de la operación, fue citada a declarar como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Nechevenko, quien ya había intervenido en otras transacciones inmobiliarias de Adorni, registra varias visitas a la Casa Rosada en los últimos años.

El caso ha generado controversia debido a la inusual modalidad del préstamo: en el mercado inmobiliario argentino, los créditos hipotecarios entre privados rara vez superan el 50% del valor del inmueble, mientras que en esta operación se cubrió casi el 90%. Además, la capacidad financiera de las prestamistas fue puesta en duda luego de que se conociera que una de ellas, Claudia Sbabo, habría solicitado un subsidio cultural destinado a adultos mayores con ingresos limitados en la Ciudad de Buenos Aires.

Beatriz Viegas, por su parte, negó haber realizado el préstamo y aseguró no conocer a Adorni, mientras que Sbabo no respondió a los requerimientos periodísticos. La Justicia evalúa citar a ambas mujeres y al anterior propietario del departamento, el exfutbolista Hugo Morales, para esclarecer los hechos.

En paralelo, Adorni enfrenta otras investigaciones relacionadas con viajes y operaciones patrimoniales recientes. El gobierno nacional lo ratificó en su cargo, aunque persisten dudas sobre su continuidad. "No tengo nada que esconder", afirmó el funcionario en una reciente conferencia de prensa, atribuyendo su patrimonio a su trayectoria en el sector privado.

El avance de la causa y las declaraciones de los involucrados serán determinantes para definir el futuro político y judicial de Adorni, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de los funcionarios públicos.