Nueve hombres fueron procesados por la Justicia Federal tras ser acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas dos menores de edad, en un local nocturno del barrio porteño de Recoleta que operaba bajo la fachada de un boliche. La investigación, liderada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), reveló que el establecimiento, denominado D’Lirio y ubicado en Vicente López 2134, funcionaba como un prostíbulo encubierto desde al menos abril de 2022 hasta su allanamiento el 9 de julio de 2024.

El caso se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la Línea 145, que alertó sobre la existencia de explotación sexual y la presencia de menores en el local. Según la investigación, las mujeres eran captadas a través de redes sociales mediante ofertas engañosas de trabajo como “presencias” o “copas”. Una vez reclutadas, debían acompañar a los clientes, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo de bebidas, bajo un estricto control de horarios y vigilancia. El pago por noche oscilaba entre $7.000 y $20.000, sin porcentaje por las copas vendidas, y si llegaban tarde o se retiraban antes de las 6 de la mañana, no cobraban.

Además, muchas de las víctimas eran forzadas a aceptar encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos, por montos de entre 150 y 500 dólares, de los cuales los organizadores retenían al menos 100. El sistema de explotación incluía un riguroso control administrativo y financiero, con registros detallados de ingresos y egresos, y la utilización de la empresa Gran Recoleta S.A. como pantalla legal para encubrir la actividad ilícita. El flujo de dinero detectado en cuentas vinculadas a la firma superó los $1.500 millones entre 2021 y 2025.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los nueve imputados, cinco de ellos como presuntos coautores del delito de trata agravado por la existencia de menores, y los otros cuatro como partícipes necesarios. Además, dispuso embargos por $7.800 millones, la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los acusados, y la inhibición de bienes de la empresa responsable del local.

En su resolución, Casanello subrayó que la estructura operaba bajo una fachada de legalidad que facilitaba la aceptación de condiciones de sometimiento y explotación. La investigación también estableció una conexión con el prostíbulo Madaho’s, replicando el mismo esquema de explotación sexual y lavado de activos. El caso ha generado preocupación sobre la persistencia de redes de trata bajo coberturas legales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección de las víctimas.