La tradicional competencia de trail running Doble Apolo, celebrada este domingo en General Roca, Río Negro, se vio interrumpida por un grave episodio de violencia. Un grupo de jinetes locales agredió a los corredores en el kilómetro 2 del circuito, lanzando piedras y golpeando con fustas a los participantes, según relataron testigos y organizadores. El incidente, registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generó una fuerte repercusión y repudio tanto en la comunidad deportiva como entre los vecinos de la región.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, los agresores bloquearon el paso de los atletas, exigieron la presencia del organizador y reclamaron dinero, argumentando que los corredores no debían transitar por ese sector del Área Natural Protegida Paso Córdoba. Además, retiraron parte de la señalización del circuito, lo que provocó que varios competidores se desorientaran y, en algunos casos, abandonaran la prueba por las lesiones sufridas. “Vi los caballos y que algunos corredores se volvían. Pensé que esto no podía suceder y seguí. Ahí me empezaron a perseguir, me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, relató Fernando Castro, uno de los atletas agredidos.

El organizador del evento, Alejandro Pellegrini, confirmó que presentarán una denuncia judicial junto a corredores y funcionarios municipales. “Tenemos permiso municipal y de la provincia para realizar la competencia. Teníamos todo organizado para que fuera una fiesta y hoy tenemos chicos enojados porque se perdieron”, expresó Pellegrini. La organización remarcó que la competencia cuenta con todos los permisos requeridos y que, aunque en ediciones anteriores habían recibido amenazas, nunca se había registrado un ataque de esta magnitud.

A pesar del incidente, la carrera continuó y se completaron las distancias previstas, con más de 1.200 inscriptos de distintas provincias. El hecho reavivó el debate sobre el uso de áreas protegidas y la convivencia entre actividades deportivas y comunidades locales. Las autoridades y la organización esperan que la intervención judicial aporte soluciones para evitar futuros episodios de violencia en este tipo de eventos.