En una jornada marcada por la tensión política y social, el Senado de la Nación aprobó dos proyectos clave impulsados por el gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad penal juvenil. Ambas iniciativas generaron intensos debates dentro del recinto y protestas en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron incidentes entre manifestantes y un fuerte operativo de seguridad con más de dos mil efectivos.

La reforma laboral fue sancionada con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, mientras que la ley que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años obtuvo 44 votos afirmativos y 27 negativos. El oficialismo celebró estos resultados como un respaldo decisivo a su agenda de modernización y seguridad. Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza, defendió la reforma laboral afirmando que "esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina" y que "la impunidad destruye la conciencia moral de un pueblo". Por su parte, el senador José Mayans (Partido Justicialista) criticó la reforma, advirtiendo que "le robamos la posibilidad de tener una vida digna" a los trabajadores y que "no se puede hacer más huelga, están rompiendo el principio de reclamo".

La reforma laboral introduce cambios significativos en el sistema de indemnizaciones, la regulación del trabajo independiente y las plataformas digitales, así como nuevas modalidades de vacaciones y banco de horas. Especialistas en derecho laboral advierten que varios artículos de la ley podrían ser objeto de judicialización, especialmente aquellos relacionados con el pago de indemnizaciones y la redefinición del trabajo autónomo. "La judicialización es inevitable cuando una reforma altera principios estructurales del derecho del trabajo", señaló la abogada Carla Moreno.

En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad, el Ministerio de Justicia celebró la aprobación como parte del "Plan Tolerancia Cero con el Crimen", argumentando que "los menores que cometen delitos comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos y tienen que responder penalmente, sin excusas ni privilegios". La ley establece penas de hasta 15 años para delitos graves y contempla alternativas para condenas menores, como servicios comunitarios y monitoreo electrónico.

El debate se desarrolló en un contexto de polarización política y crisis económica, con la oposición y sindicatos advirtiendo sobre posibles retrocesos en derechos laborales y el riesgo de una prolongada judicialización. Mientras el oficialismo considera la aprobación como un paso necesario para modernizar el mercado de trabajo y fortalecer la seguridad, los críticos sostienen que la reforma podría debilitar la posición de los trabajadores y abrir un período de incertidumbre jurídica. La última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma laboral probablemente recaerá en la Corte Suprema, aunque se espera que el proceso lleve varios años.