La Justicia Federal de Tucumán decidió mantener la investigación contra la influencer santiagueña Valentina Olguín, acusada de contrabando simulado y defraudación, tras rechazar el pedido de la defensa para trasladar la causa a Buenos Aires. El juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió que el expediente continúe en Tucumán, reafirmando la competencia local y dando un revés a la estrategia de Olguín.

La causa se originó cuando el gobernador Osvaldo Jaldo denunció el uso indebido de su CUIT, tras recibir notificaciones de compras internacionales que no había realizado. Las pesquisas, lideradas por el fiscal Agustín Chit, revelaron que Olguín habría utilizado identidades y datos fiscales de al menos cinco gobernadores para importar ropa desde Miami, Estados Unidos, bajo el régimen de Courier. La mercadería era recibida en domicilios de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero, y posteriormente comercializada.

El expediente detalla 16 operaciones sospechosas, incluyendo cinco con Jaldo, cinco con Sergio Ziliotto, cuatro con Axel Kicillof y una con Rogelio Frigerio y Marcelo Orrego. El 12 de diciembre de 2024, la Policía Federal allanó el domicilio de Olguín en Núñez, Buenos Aires, donde se secuestraron USD 16.646, mercadería de la tienda Revolve, un iPhone 15 Pro y computadoras. El fiscal Chit agravó la acusación, aplicando la figura de "contrabando por simulación en concurso real", lo que implica que cada hecho será tratado como delito independiente, con sanciones acumulativas que podrían superar los seis años de prisión.

Durante la indagatoria, Olguín declaró que obtuvo los datos de los gobernadores en Google y los utilizó tras agotar su cupo personal y el de allegados. Su defensa, encabezada por Claudia Paz y Juan Tiberio, insiste en que los delitos se concretaron en Buenos Aires y busca trasladar la causa, aunque la Justicia tucumana sostiene que la provincia es la principal afectada y debe investigar.

El caso expone nuevas formas de fraude digital y uso indebido de datos de funcionarios públicos, generando repercusiones en el ámbito judicial y político. Otras jurisdicciones ya declinaron competencia, consolidando la investigación en Tucumán, mientras la defensa de Olguín aún puede apelar ante instancias superiores. El desenlace de la causa podría sentar precedentes sobre la jurisdicción y el tratamiento de delitos digitales en Argentina.