Alberto Samid, empresario de la industria cárnica y figura mediática argentina, fue internado en Punta del Este, Uruguay, tras presentar una infección urinaria que se complicó con un virus en sangre de origen desconocido. La situación médica generó preocupación entre sus allegados y motivó un pedido público de traslado sanitario urgente a Buenos Aires, realizado tanto por Samid como por su esposa, Marisa Scarafía, a través de redes sociales.

Samid criticó abiertamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación por la falta de respuesta a su solicitud, argumentando que estaba dispuesto a cubrir los gastos del traslado. "Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, pagando yo los gastos porque contraje un virus no identificado que no saben qué es", expresó en X. "Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos; si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", agregó.

Desde el gobierno bonaerense, la respuesta fue que el procedimiento para traslados sanitarios debe realizarse a través de la obra social o prepaga, y no por redes sociales. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, intervino personalmente y facilitó la gestión con la prepaga de Samid, Osde, para organizar el vuelo sanitario. "Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!", publicó Kreplak en X.

El traslado se concretó el 17 de febrero, cuando Samid fue repatriado en un avión privado, contratado por su prepaga, que partió de Punta del Este y aterrizó en Aeroparque tras 39 minutos de vuelo. La situación reavivó el debate sobre privilegios y equidad en el acceso a servicios médicos, especialmente tras la intervención de funcionarios y la exposición mediática del caso.

Samid, de 78 años, tiene antecedentes de problemas de salud y judiciales, incluyendo una condena por evasión fiscal y prisión domiciliaria. El caso se inscribe en un contexto de discusión sobre el trato diferencial a figuras públicas y la transparencia en la gestión de servicios sanitarios. Las autoridades remarcaron que el procedimiento es igual para todos los ciudadanos y que la intervención estatal se realiza en casos críticos, independientemente de la notoriedad del paciente.