El asesinato de Melchor Baltazar “Pitoy” Díaz, un reconocido productor rural de La Cruz, Corrientes, ha generado una profunda conmoción en la comunidad local y en el sector agropecuario. El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche en la estancia San Manuel, ubicada en el paraje Yurú Cuá, cuando tres hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda de Díaz y lo asesinaron a tiros frente a su esposa.

Según informaron fuentes policiales y gremiales, los delincuentes actuaron con conocimiento previo de que la pareja había retirado una importante suma de dinero tras la venta de ganado. Durante el asalto, la esposa de Díaz fue golpeada y encerrada en una habitación, mientras los atacantes sustraían 2,4 millones de pesos en efectivo y la camioneta Ford Ranger del productor, que luego fue hallada abandonada cerca de Yapeyú. Los asaltantes también inutilizaron los teléfonos de la pareja, arrojándolos a un balde con agua, lo que retrasó el pedido de auxilio.

La mujer permaneció privada de su libertad durante varias horas hasta que, en la madrugada, logró salir de la estancia y caminar hasta la Ruta Provincial 145, donde fue auxiliada por un vecino. La investigación, a cargo de la comisaría de La Cruz y la Unidad Fiscal de Paso de los Libres, incluyó allanamientos en la localidad de Alvear, donde se secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y otros elementos que serán peritados para determinar su vinculación con el crimen. Hasta el momento, no hay detenidos.

El caso fue caratulado como “homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda”. La Sociedad Rural de La Cruz y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitieron comunicados de repudio y exigieron respuestas urgentes a las autoridades. “No queremos más explicaciones, sino resultados”, expresó la CRA, subrayando la preocupación por la creciente inseguridad rural y la falta de políticas preventivas.

El asesinato de Díaz reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de los productores en zonas aisladas, donde la escasa presencia policial y la falta de infraestructura dificultan la prevención y el combate del delito. El sector rural reclama la implementación de medidas como la instalación de cámaras de vigilancia y una mayor coordinación entre productores y fuerzas de seguridad. El caso, que se suma a otros episodios violentos en la región, plantea un desafío urgente para garantizar la seguridad y la paz social en el interior productivo argentino.