En Argentina, el sector de la discapacidad enfrenta una crisis sin precedentes que ha llevado a movilizaciones masivas en distintas ciudades del país. Este jueves, familias, profesionales y organizaciones se congregaron en Rosario, Buenos Aires y otras localidades para exigir la declaración de la emergencia en discapacidad, en medio de un contexto de desfinanciamiento y falta de actualización de aranceles.

En Rosario, la Plaza San Martín fue el epicentro de una protesta multitudinaria organizada por Apridis y Atraes, donde los manifestantes reclamaron al gobierno nacional una solución urgente. Gabriela Sciarra, integrante del Colegio de Kinesiólogos, denunció que los prestadores reciben pagos con atrasos de hasta seis meses y aranceles desfasados respecto a la inflación. "No sabemos cómo se sigue, con una incertidumbre total", expresó.

La situación afecta directamente a las personas con discapacidad, quienes enfrentan interrupciones en sus tratamientos y falta de transporte. "Estamos peleando por los derechos vulnerados de nuestros hijos", señaló la madre de Lautaro, un niño con discapacidad. Profesionales del sector también sufren las consecuencias, con centros de atención reduciendo jornadas laborales y servicios debido a la falta de recursos.

En Buenos Aires, la movilización incluyó un corte de calles frente al Congreso de la Nación, donde los manifestantes exigieron el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta normativa busca garantizar derechos fundamentales hasta 2027, incluyendo acceso a salud, educación, trabajo y protección social. Sin embargo, el debate fue postergado para la próxima semana, aumentando la tensión en el sector.

La crisis tiene raíces profundas. Según datos de CASAIE, los aranceles prestacionales cerraron por debajo del IPC durante el último cuatrimestre de 2024 y se congelaron en el primer cuatrimestre de 2025. Esto ha llevado a un déficit del 73% respecto a la inflación, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios.

El gobierno, por su parte, ha mostrado resistencia a la ley, argumentando que no se alinea con las metas fiscales. Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue duramente criticado por sus declaraciones, que muchos consideraron insensibles. "Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado", habría dicho en una reunión, generando indignación entre los manifestantes.

La movilización tuvo carácter nacional, replicándose en ciudades como Córdoba, Mendoza, Bariloche y Posadas. En Córdoba, Celeste Garnero, titular de la Fundación Brochero, expresó: "Estamos con mucho miedo de cerrar, de perder los profesionales que nos quedan". En Mendoza, la Asamblea Inclusión Mendoza denunció recortes y demoras en los pagos.

La situación ha llevado a organizaciones sociales a denunciar ante la ONU la "grave situación" que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. Entre las demandas, se incluye la derogación de normativas regresivas y la implementación de políticas inclusivas.

Con el debate de la ley postergado, el sector enfrenta una incertidumbre creciente. Las movilizaciones buscan visibilizar la emergencia y presionar al Congreso para que actúe con celeridad. Mientras tanto, miles de familias y profesionales continúan luchando por sus derechos en un contexto de crisis estructural.