Un reciente informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) encendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires al revelar que el 70% de su territorio presenta niveles de arsénico en el agua superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación pone en riesgo la salud de más de cuatro millones de personas, según los datos recabados a partir de más de 350 muestras tomadas en distintas regiones del país.

El estudio, plasmado en el Mapa de Arsénico del ITBA, clasifica las zonas afectadas en tres niveles: verde (agua segura), amarillo (precaución) y rojo (prohibido consumir). Diez municipios bonaerenses, entre ellos Chivilcoy, Mercedes, Escobar y Almirante Brown, fueron identificados en la zona roja, donde se recomienda no beber ni cocinar con agua de red o pozo debido a los altos niveles de arsénico detectados.

La exposición prolongada a este elemento químico puede provocar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), así como enfermedades graves como cáncer de pulmón, laringe, tos crónica y fibrosis pulmonar. El arsénico, de origen mayoritariamente natural, es incoloro e insípido, lo que dificulta su detección sin análisis específicos.

El problema no es exclusivo de Buenos Aires. Otras provincias como Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y varias del norte argentino también presentan niveles preocupantes de arsénico en sus aguas subterráneas. La OMS advierte que el arsénico es una de las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública y estima que 140 millones de personas en 70 países consumen agua con niveles superiores al límite seguro de 10 microgramos por litro.

Frente a este panorama, el ITBA y especialistas instan a la población a no consumir agua de zonas críticas y a sumarse al monitoreo ciudadano. Mientras tanto, la empresa AySA asegura que el agua distribuida en el Área Metropolitana de Buenos Aires es segura, aunque recomienda evitar el uso de perforaciones particulares no controladas. Autoridades locales y concejales han manifestado su preocupación por la falta de soluciones definitivas y la ineficacia de algunas inversiones públicas en plantas potabilizadoras, como ocurre en Bolívar, donde los niveles de arsénico se mantienen sin cambios desde hace décadas.

La situación exige medidas urgentes y coordinadas para garantizar el acceso a agua segura y proteger la salud de la población, especialmente en las zonas más afectadas.