Las transferencias automáticas de recursos de la Nación a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron en marzo de 2026 una nueva caída en términos reales, profundizando la tendencia de ajuste fiscal y menor recaudación que afecta a todo el país. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los envíos totalizaron $5,05 billones, lo que representa una baja del 4,3% al descontar el efecto de la inflación respecto al mismo mes del año anterior.

El informe detalla que la contracción se explica principalmente por la caída en la recaudación de los dos principales impuestos coparticipables: Ganancias, que retrocedió 12,7% en términos reales, y el IVA, con una baja del 4%. Esta situación se da en un contexto de menor consumo, enfriamiento económico y ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional, lo que repercute directamente en la masa de recursos distribuidos a las provincias.

El impacto no fue homogéneo. Salta fue la única provincia que logró una variación positiva en sus ingresos reales, con un leve incremento del 0,4%. En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la más perjudicada, con una caída del 7,2%. Buenos Aires, el distrito más grande del país, recibió $1,18 billones, lo que significó un descenso del 1,8%. Mendoza y Neuquén también sufrieron bajas significativas, del 5,2% y 3,9% respectivamente.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas sumaron $16,34 billones, pero en términos reales esto implicó una contracción del 6,4% para el consolidado de todas las jurisdicciones. Todas las provincias, salvo Salta en marzo, muestran números negativos en el período.

El sistema de coparticipación federal, basado en reglas transitorias y desactualizadas, enfrenta críticas por su falta de equidad y previsibilidad. La judicialización de fondos y deudas previsionales, como ocurre en Buenos Aires y Neuquén, suma tensión a la relación entre Nación y provincias. Gobernadores y funcionarios provinciales reclaman una revisión del esquema y mayor equidad en la distribución, mientras advierten que el ciclo de menor recaudación y ajuste amenaza la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios y desarrollo económico.

El panorama actual refleja la complejidad de un federalismo en tensión, donde la caída de la coparticipación es tanto consecuencia como causa de un entramado económico e institucional que requiere reformas de fondo para recuperar dinamismo y equilibrio.