Un operativo policial destinado a desarticular carreras clandestinas de motos en la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero, culminó en un episodio de alta tensión y violencia. El procedimiento, realizado por personal de la Departamental 13 en la intersección de avenida Circunvalación y Ruta Provincial 92, detectó la presencia de más de 80 motociclistas participando en picadas ilegales, una práctica que representa un grave riesgo para la seguridad vial y el orden público.

Al advertir la llegada de los móviles policiales, los motociclistas emprendieron una fuga masiva, dispersándose a gran velocidad por distintos sectores de la ciudad. En medio del caos, un adolescente de 17 años, domiciliado en el barrio Manzione, quedó rezagado debido a una falla mecánica en su motocicleta Gilera Smash 110, la cual presentaba múltiples irregularidades y carecía de documentación. El joven, acompañado por una adolescente de 16 años, reaccionó de manera hostil y amenazante hacia los efectivos, profiriendo insultos y amenazas directas.

La situación se agravó con la llegada de la madre del menor, identificada como Lourdes Freccero, quien intentó agredir físicamente a los policías e impedir el procedimiento. Posteriormente, la mujer se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 41 con la intención de recuperar la motocicleta por la fuerza, protagonizando un nuevo episodio de violencia verbal y física. "La motocicleta solo puede ser entregada una vez labrada la infracción correspondiente por personal de Seguridad Vial", explicaron los efectivos.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia, que dispuso las actuaciones legales pertinentes tanto para el menor como para su progenitora. La motocicleta quedó secuestrada como parte de la causa, mientras avanzan las investigaciones por resistencia a la autoridad y amenazas.

Este episodio vuelve a poner en foco la problemática de las picadas ilegales en Añatuya y otras localidades del interior santiagueño, donde vecinos reclaman controles más firmes y sanciones efectivas. Desde la policía reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar estas prácticas, subrayando que no solo alteran el orden público, sino que también ponen en peligro la vida de conductores y terceros. El caso reaviva el debate sobre la seguridad vial y la convivencia ciudadana en la región.