El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, decidió cesantear a 24 oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras detectar presuntas actividades políticas en favor de Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza-Pro para las próximas elecciones legislativas. La medida fue adoptada luego de una serie de operativos sorpresa realizados por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) en oficinas de conducción de la fuerza, donde se hallaron pruebas materiales que vinculan a los oficiales con acciones partidarias.

Según fuentes provinciales citadas por Clarín, los oficiales cesanteados habrían realizado tareas políticas para Bondarenko, ex comisario mayor retirado y actual concejal de Florencio Varela, quien encabeza la lista libertaria en la estratégica Tercera Sección electoral. Durante los procedimientos, los auditores encontraron documentos con membretes de La Libertad Avanza, fondos de pantalla con imágenes asociadas al presidente Javier Milei y computadoras con información relevante para la investigación.

La conducción de la Bonaerense, a cargo del ministro de Seguridad Javier Alonso, informó que todas las actuaciones internas serán elevadas a la Justicia Penal para determinar si los hechos constituyen algún delito. Por el momento, los oficiales están acusados de infringir la ley Orgánica de la Policía, que prohíbe la participación política activa del personal en servicio, según lo establecido en el Decreto Ley 9.550.

Entre los cesanteados se encuentra toda la dirección de la Policía Ecológica, así como oficiales de distintas jerarquías y destinos, incluyendo Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz. Además, se detectó la elaboración de proyectos de ley sobre seguridad que serían presentados en la Legislatura con la firma de Bondarenko.

El caso adquiere relevancia política en un contexto de fuerte disputa interna en el oficialismo bonaerense y en una zona clave para el peronismo. La candidatura de Bondarenko compite directamente con la vicegobernadora Verónica Magario, en una elección que podría redefinir el equilibrio de poder en la provincia. Las repercusiones del caso se extienden tanto al ámbito policial como al político, mientras se aguarda la resolución judicial sobre la posible comisión de delitos penales.