El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, ha autorizado la caza del jabalí europeo en todo el territorio provincial. La medida, oficializada mediante la Disposición 313/2025, busca controlar el impacto ambiental, económico y sanitario de esta especie invasora, considerada una de las 100 más dañinas del mundo según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El jabalí europeo, introducido en Argentina en 1906, ha generado pérdidas económicas estimadas en 1.380 millones de dólares anuales, además de afectar la biodiversidad y la producción agropecuaria. La normativa prohíbe la caza en zonas urbanas y suburbanas, estableciendo distancias mínimas para el uso de armas y exigiendo permisos específicos. Asimismo, se creó un Comité de Gestión para supervisar la implementación de la medida y evaluar sus resultados.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó que "el jabalí europeo es una especie exótica invasora cuyo crecimiento descontrolado genera daños en cultivos, ganado y ecosistemas naturales. Con esta medida buscamos regular su control de manera segura y efectiva, atendiendo a la necesidad de proteger la producción agropecuaria y la biodiversidad de la provincia".

La normativa incluye un Manual Operativo que regula la caza y el transporte de los ejemplares capturados, y establece que los municipios podrán solicitar excepciones fundamentadas en informes técnicos. Además, se han emitido alertas para conductores debido al aumento de jabalíes en rutas rurales, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

El jabalí europeo ha sido objeto de medidas similares en otras provincias como La Pampa y Entre Ríos, donde se han implementado estrategias para controlar su población. Sin embargo, expertos y organizaciones ecologistas han señalado la necesidad de un plan nacional que combine métodos letales y no letales, así como un monitoreo científico constante.

La Asociación Argentina de Ecología ha respaldado la medida, mientras que el sector agropecuario la considera una respuesta a sus reclamos por los daños en cultivos y ganado. No obstante, persisten críticas sobre la falta de un enfoque coordinado a nivel nacional y la efectividad a largo plazo de estas acciones. La implementación de esta normativa será clave para evaluar su impacto en la biodiversidad y la economía de la provincia.