El Tribunal Oral Federal de San Luis dictó condenas de hasta 15 años de prisión para los principales responsables de una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria N°1 de la provincia. Rafael Dante Churquina, considerado el líder de la banda, recibió la pena máxima junto a una multa de 50 millones de pesos, mientras que su financista, Daniel Hedel Becher, fue sentenciado a 13 años y una multa de 48 millones. Efraín David Cortez, partícipe secundario, recibió 4 años de prisión.

La investigación, iniciada en agosto de 2023 tras la detención de un transportista con más de cinco kilos de cocaína en Jujuy, permitió desarticular una red que traficaba droga desde Bolivia hasta San Luis. Según la acusación, Churquina dirigía las operaciones desde su celda, donde contaba con una oficina equipada con celulares, computadoras y documentación relevante para la actividad ilícita. La complicidad de las autoridades penitenciarias fue determinante: el director y subdirector del penal aceptaron sobornos y facilitaron el funcionamiento de la organización, por lo que también fueron condenados e inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

Durante el juicio, la fiscalía subrayó la gravedad de los delitos cometidos desde el ámbito carcelario y el impacto institucional de la corrupción. "No es un caso más de narcotráfico, sino uno de particular gravedad por la participación de funcionarios públicos y la continuidad del delito desde la prisión", señalaron los fiscales en sus alegatos. El tribunal ordenó el decomiso de bienes, vehículos, dinero y dispositivos electrónicos vinculados a la organización, y dispuso la intervención del Servicio Penitenciario Federal para evaluar el traslado de Churquina a un sistema de mayor seguridad.

Las defensas de los acusados solicitaron penas menores y cuestionaron el alcance de los decomisos, argumentando falta de proporcionalidad y trazabilidad de los bienes. Sin embargo, el tribunal consideró probada la estructura piramidal y transnacional de la banda, así como la gravedad de los hechos.

El caso pone en evidencia la problemática del crimen organizado operando desde cárceles argentinas y la necesidad de fortalecer los controles institucionales para evitar la connivencia de funcionarios públicos. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán en los próximos días, mientras se anticipan posibles apelaciones por parte de las defensas.