La detención de Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales del Partido Justicialista de Quilmes, y de Alexia Abaigar, funcionaria bonaerense, por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert, ha desatado una fuerte controversia política y social en Argentina. El hecho investigado ocurrió el 17 de junio, cuando un grupo de personas encapuchadas arrojó estiércol y colocó un pasacalles con insultos frente a la vivienda del legislador libertario.

Según fuentes judiciales, los allanamientos ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado permitieron identificar una camioneta vinculada a los detenidos, lo que llevó a la aprehensión de Mieri y otros militantes de La Cámpora. Alexia Abaigar, empleada del Ministerio de Mujeres bonaerense, permanece detenida en el penal de Ezeiza desde el 27 de junio. Su madre, Eva Pietravallo, denunció públicamente el trato recibido durante el procedimiento, calificándolo de "exagerado" y advirtiendo sobre los problemas de salud de su hija, quien padece una enfermedad pulmonar.

La defensa de las detenidas sostiene que el hecho no constituye un delito sino una contravención menor, y cuestiona la prisión preventiva y el traslado a una cárcel federal. "No hay pruebas, no hay imputación, no hay explicación de qué se nos acusa. Lo único que tienen es la patente de un auto", afirmó Pietravallo. El abogado Daniel Llermanos también criticó la falta de acceso al expediente y la incomunicación de su defendida.

Desde sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, como el CELS, se denuncia una "criminalización selectiva" y el uso desproporcionado del sistema penal para disciplinar a la militancia opositora. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, calificó la situación como "persecución política" y convocó a una conferencia de prensa para exigir la liberación de las detenidas.

Por su parte, el oficialismo sostiene la gravedad del ataque y la necesidad de investigar los hechos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que la camioneta utilizada en el ataque pertenece a la Municipalidad de Quilmes y que la investigación sigue en curso.

El caso se inscribe en un contexto de creciente polarización política y debate sobre los límites de la protesta y la respuesta judicial. Las próximas decisiones judiciales serán clave para determinar el rumbo de la causa y su impacto en la discusión pública sobre derechos y garantías en Argentina.