Docentes y trabajadores no docentes de distintos niveles educativos en Argentina realizaron paros y movilizaciones durante febrero de 2026, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y en demanda de mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación. La medida, que tuvo alcance nacional, fue definida en plenarios de gremios como SUTEBA, CTERA, CONADU y CONADU Histórica, y contó con la adhesión de sindicatos universitarios y provinciales.

En la provincia de Buenos Aires, el plenario de secretarios generales de SUTEBA, encabezado por Roberto Baradel, resolvió rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial por considerarla insuficiente y ratificó la necesidad de continuar con las negociaciones paritarias. Además, se impulsó la continuidad de medidas nacionales, incluyendo un paro y movilización para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases, en caso de no obtener respuestas a los reclamos. Entre las demandas principales se encuentran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

En el ámbito universitario, gremios como CONADU y CONADU Histórica definieron un plan de lucha que incluye paros y movilizaciones, con la posibilidad de endurecer las medidas si no hay avances en las negociaciones. Guadalupe Aguiar, secretaria general de SiDUNSJ, señaló que "el inicio de clases estará marcado por las medidas de fuerza" y destacó la importancia de la unidad sindical para lograr mayor impacto. En Córdoba, la Asociación Gremial Docente y el gremio de trabajadores no docentes reportaron una adhesión total al paro en la Universidad Nacional de Río Cuarto, mientras que en La Plata la medida afectó parcialmente a ingresantes y actividades de algunas facultades.

El conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste económico, suspensión de la paritaria nacional docente y recorte de fondos educativos, lo que ha profundizado la crisis en el sector. Los gremios advierten que, de no haber respuestas satisfactorias, el ciclo lectivo 2026 podría comenzar con paros y movilizaciones en todo el país. La articulación con centrales sindicales como la CGT y la CTA refuerza la protesta, que también incluye el rechazo a la baja de edad de punibilidad y la defensa de la educación pública.