Una serie de operativos de seguridad desplegados en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires generó una fuerte polémica durante la jornada de movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner. Las fuerzas federales, bajo la dirección de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, implementaron controles exhaustivos a micros y vehículos provenientes del interior del país, en los que se identificó a los pasajeros, se revisaron pertenencias y, en algunos casos, se fotografiaron documentos y se copiaron listas de pasajeros.

El diputado Leopoldo Moreau, en representación del bloque Unión por la Patria, anunció la presentación de denuncias ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y la Justicia Federal, argumentando que las acciones policiales constituyeron una violación a la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. "Bullrich está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos, lo que está expresamente prohibido", sostuvo Moreau en declaraciones públicas y a través de redes sociales.

El operativo incluyó la detención de un micro escolar con menores en la autopista Ricchieri, hecho que fue duramente criticado por referentes políticos y organizaciones sociales. La abogada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó la legalidad de la intervención policial y pidió la intervención de la Justicia. Además, se reportó la detención de un manifestante que amenazó al presidente Javier Milei, lo que sumó tensión al clima político.

Desde el gobierno, Patricia Bullrich defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, calificando la movilización como "tiranía de la calle" y subrayando la importancia de proteger las instituciones nacionales. "Hoy es un día de trabajo, donde el país tiene que producir", afirmó la ministra, quien también anunció descuentos salariales para empleados estatales que adhirieran al paro.

La jornada de protestas, con epicentro en Plaza de Mayo y frente a la residencia de la exmandataria en Constitución, se desarrolló en el contexto de la reciente condena judicial contra Cristina Kirchner y la reinstalación del protocolo antipiquetes por parte del gobierno de Javier Milei. El uso de controles policiales en manifestaciones ha sido motivo de debate en la sociedad argentina, con sectores que denuncian amedrentamiento político y otros que defienden la necesidad de garantizar el orden público. El episodio anticipa nuevas discusiones sobre los límites de la protesta y la actuación de las fuerzas de seguridad en el país.