Un grupo de empresarios y exfuncionarios es investigado por la Justicia federal por presunta asociación ilícita y desvío de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y otras dependencias estatales durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. Según registros oficiales y documentos tributarios, la operatoria comenzó durante la pandemia de Covid-19, cuando Miguel Ángel Calvete y Federico Maximiliano Santich, junto a otros socios y exfuncionarios, iniciaron negocios con el Estado a través de la venta de insumos médicos y ortopédicos.

La investigación, liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, señala que los implicados utilizaron diversas empresas, como Profarma SA, Profusion SRL, Smart Medical Image SRL y Prenor SAS, para canalizar contratos y fondos provenientes de organismos como el Ministerio de Salud, PAMI y la Dirección Nacional de Vialidad. "Tenían un ida y vuelta permanente con funcionarios de Salud y otros que respondían a la Casa Rosada", relató una fuente con conocimiento directo de la operatoria.

Entre los intermediarios clave figura Kevin Pocovi, quien facilitó el acceso de los empresarios a la Andis y firmó, a través de una de sus sociedades, un contrato de alquiler con el PAMI por más de $2700 millones en 2024. Además, la causa investiga el presunto lavado de dinero a través de criptomonedas y la adquisición de bienes de lujo y centros de diagnóstico, así como el financiamiento de campañas políticas locales.

El fiscal Picardi solicitó la indagatoria y detención de los principales implicados, mientras que fuentes cercanas a los investigados reconocen los vínculos y operaciones, pero niegan irregularidades. El caso ha reavivado el debate sobre los controles en la contratación pública y la transparencia en el uso de fondos estatales, en un contexto de reiteradas denuncias de corrupción en organismos públicos durante y después de la pandemia.