El Gobierno nacional oficializó este viernes un decreto que habilita a nueve provincias argentinas, entre ellas Mendoza y Santa Fe, a concesionar tramos de rutas nacionales y cobrar peajes para financiar obras de mejora y mantenimiento. La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei, busca descentralizar la gestión de la infraestructura vial, permitiendo que las provincias asuman responsabilidades históricamente reservadas al Estado nacional.

Según el decreto, la delegación de competencias es funcional, limitada, temporal y revocable, y no implica la cesión de la titularidad ni de la jurisdicción federal sobre las rutas, que seguirán bajo control nacional. Las provincias deberán firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, individualizando los tramos a concesionar y estableciendo los plazos y condiciones de supervisión. Las concesiones no podrán superar los 30 años y, si no se licitan en el plazo de un año, la delegación quedará sin efecto.

En Mendoza, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, adelantó que uno de los principales peajes estará en el Acceso Este, en el ingreso a Guaymallén, y que el cobro solo comenzará una vez finalizadas las obras de renovación. "Sabemos que la implementación será compleja porque Mendoza es una de las únicas provincias que no cuenta con peaje y los ciudadanos no están habituados", señaló Mema, quien aseguró que se buscará un precio "razonable" y que habrá alternativas de circulación sin peaje.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró la medida como un "avance", pero pidió cautela ante la falta de precisiones sobre los detalles operativos y financieros. "Nos entusiasmamos cuando salió el decreto, pero cuando lo leímos tomamos un poco de distancia. Es un avance, vamos a trabajar mucho para que nos la puedan ceder por 30 años y así sí poder arreglarla", afirmó Pullaro.

La decisión generó reacciones dispares entre los gobernadores involucrados, con apoyos prudentes y pedidos de mayor claridad sobre el impacto económico y la capacidad de atraer inversiones privadas. La exclusión de la provincia de Buenos Aires del esquema de concesiones alimentó tensiones políticas y cuestionamientos sobre los criterios de selección.

En un contexto de deterioro de la infraestructura vial y paralización de la obra pública nacional, la medida busca promover el financiamiento privado y la descentralización de funciones. El impacto final dependerá de la capacidad de las provincias para estructurar licitaciones atractivas y coordinar con la Nación el equilibrio entre inversión, tarifas y mantenimiento.