La provincia de Santa Cruz atraviesa una profunda crisis institucional tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de declarar inconstitucional la ley que ampliaba de cinco a nueve los miembros del máximo órgano judicial provincial. La reforma, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, fue anulada por el TSJ, que consideró que la medida carecía de justificación empírica, presentaba vicios procesales y no contemplaba los recursos necesarios para financiar los nuevos cargos.

El fallo, firmado por jueces vinculados al kirchnerismo, restableció la integración tradicional del tribunal y dejó sin efecto las designaciones de los nuevos vocales promovidos por el Ejecutivo provincial. "No dejan gobernar", expresaron desde la Casa de Gobierno, denunciando que el Poder Judicial local sigue bajo la influencia de la gestión anterior. Por su parte, la oposición y el bloque kirchnerista acusaron a Vidal de intentar controlar la Justicia santacruceña mediante procedimientos acelerados y mayorías simples en la Legislatura.

La sentencia del TSJ fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino tras detectar graves irregularidades procesales en el rechazo de recursos extraordinarios presentados por los jueces designados. El máximo tribunal nacional ordenó al TSJ dictar una nueva resolución conforme a los procedimientos legales, subrayando la importancia de respetar el debido proceso y la legalidad en las decisiones judiciales.

Durante los últimos meses, el TSJ vivió una situación de "doble comando" y parálisis institucional, con dos grupos de jueces disputando la presidencia y la legitimidad de las designaciones. El conflicto expone la fuerte disputa entre el gobierno de Vidal y el kirchnerismo por el control del Poder Judicial, en un contexto de larga influencia kirchnerista en la provincia.

El futuro institucional de Santa Cruz permanece incierto, con posibles nuevas apelaciones y una crisis que podría profundizarse. La situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer la independencia judicial y garantizar la división de poderes en la provincia, mientras los distintos actores políticos continúan defendiendo sus posiciones en medio de un clima de alta tensión.