El sistema universitario argentino vivió este jueves 26 de junio una jornada federal de movilización y paro docente de 48 horas, en reclamo de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se desarrolló en todas las ciudades donde funcionan universidades públicas, en un contexto de recortes presupuestarios y crisis salarial.

El reclamo central gira en torno a un proyecto de ley presentado el 28 de mayo en el Congreso, que busca garantizar el funcionamiento del sistema universitario y científico argentino. La iniciativa propone paritarias trimestrales para docentes y no docentes, actualización automática de los gastos operativos según la inflación, un fondo especial para carreras estratégicas y un incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031. El proyecto había sido aprobado en 2023, pero fue vetado por el presidente Javier Milei.

Durante la jornada, se realizaron actividades en cada sede universitaria, incluyendo marchas, abrazos simbólicos y actos públicos. En Buenos Aires, la movilización comenzó con un abrazo al Hospital de Clínicas y continuó con una marcha desde Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación. En Rosario, la convocatoria incluyó una recolección de firmas en Plaza Pringles y una marcha hacia Plaza Montenegro, donde se leyó un documento en defensa de la universidad pública.

Oscar Alpa, presidente del CIN, advirtió: “En la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación”. Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, subrayó la gravedad de la situación presupuestaria y salarial: “El 80% de los trabajadores de la educación superior perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza”.

El paro docente, que se extiende hasta el viernes 27, busca visibilizar la pérdida de poder adquisitivo —estimada en hasta un 40%— y la falta de actualización de becas y financiamiento científico. Los organizadores también impulsan la campaña “Un millón de firmas por la universidad pública” y reclaman que los diputados nacionales otorguen quórum en la sesión especial del 2 de julio para tratar el proyecto de ley.

El conflicto universitario se da en un contexto de alta inflación y recortes presupuestarios, con antecedentes de movilizaciones masivas en meses anteriores. La comunidad universitaria insiste en que la aprobación de la ley es fundamental para garantizar la continuidad y calidad del sistema público de educación superior en Argentina.