Padres de estudiantes de escuelas técnicas presentaron un recurso de amparo ante la justicia porteña para frenar el artículo 30 del Presupuesto 2026, que elimina el financiamiento obligatorio para la Educación Técnico Profesional (ETP). La acción judicial, radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, denuncia que la medida implica un recorte del 93% respecto a los valores de 2023, pasando de 322 mil millones a solo 11 mil millones de pesos asignados.

Los demandantes argumentan que el artículo 30 es inconstitucional, ya que viola principios básicos del orden constitucional argentino y tratados internacionales de derechos humanos. Sostienen que una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que garantizan derechos fundamentales, como la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnico Profesional. "El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible", afirman en la presentación.

El escrito judicial también advierte que la eliminación del piso de inversión estatal convierte a la educación técnica en un privilegio para quienes pueden pagarla, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades y afectando principalmente a las familias trabajadoras. Además, se señala que permitir la aplicación de esta norma generaría un daño inmediato e irreparable en la formación de los estudiantes, que una eventual sentencia favorable no podría revertir.

Referentes educativos y exfuncionarios han manifestado su preocupación por el impacto de la medida, advirtiendo sobre el riesgo de retroceso en la calidad y el acceso a la educación técnica. El caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia si no se resuelve en instancias inferiores, marcando un precedente clave para el financiamiento educativo en Argentina. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido declaraciones públicas sobre el amparo.