La Justicia federal profundiza la investigación sobre el patrimonio de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, y su entorno, tras la aparición de videos y documentos que revelan bienes millonarios y posibles maniobras de corrupción. El foco está puesto en Priscila Ferrante, sobrina de Jesica Cirio, quien es señalada como posible testaferro de Insaurralde y de su expareja, Heber Russo, procesado por fraude fiscal y lavado de dinero.

Según la documentación judicial, Ferrante trabajó entre 2016 y 2018 en All Ways Group S.A., una empresa tecnológica dedicada a la provisión de radares y cámaras para sistemas de fotomultas. Esta firma fue inscripta como proveedora del gobierno bonaerense apenas días después de la asunción de Insaurralde como jefe de Gabinete, y meses más tarde, el propio funcionario firmó la homologación de equipos de la empresa, facilitando su contratación por municipios y el gobierno provincial.

El juez federal Luis Armella ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante para el período 2014-2017, además de solicitar informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro de la Propiedad Automotor y el Banco Central. El objetivo es reconstruir el patrimonio de Ferrante y determinar si existe relación entre sus bienes y sus ingresos declarados. Entre los activos bajo la lupa figuran más de 70 propiedades y 200 vehículos, tanto en Argentina como en el exterior, además de una mansión en Banfield Oeste y bienes de lujo.

En paralelo, la Justicia investiga si Ferrante participó en sociedades comerciales y si existen reportes de operaciones sospechosas a su nombre. También se realizaron inspecciones en propiedades de Cirio e Insaurralde para verificar si coinciden con el video de los fajos de dólares que motivó parte de la pesquisa. El fiscal federal Sergio Mola solicitó la indagatoria y detención de Insaurralde y Cirio, pero el juez Armella dispuso únicamente la prohibición de salida del país para ambos.

El caso se enmarca en el escándalo de las fotomultas, que involucra a empresas proveedoras de radares y cámaras bajo sospecha de irregularidades y corrupción en municipios bonaerenses y otras provincias, como Chaco. Allí, la gestión de Jorge Capitanich implementó un sistema similar, ahora bajo investigación por presunto desvío de fondos públicos a través de convenios directos y triangulación con universidades nacionales. El actual gobierno chaqueño calificó el sistema como una "bomba financiera" heredada y anuló los convenios polémicos.

La investigación continúa avanzando, con la mira puesta en la posible red de testaferros y el uso de empresas como pantalla para el desvío de fondos públicos, mientras la Justicia busca determinar la responsabilidad penal de los exfuncionarios involucrados y el destino del dinero.