El Gobierno de Javier Milei atravesó su semana más difícil en el Congreso desde que asumió la presidencia. En apenas dos días, la administración libertaria sufrió ocho derrotas legislativas consecutivas, resultado de la articulación de la oposición y el quiebre de los puentes con los gobernadores, incluso aquellos que hasta hace poco eran aliados. Las leyes aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados incluyen el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, todas medidas que el oficialismo considera una amenaza directa a su programa de ajuste fiscal y equilibrio de las cuentas públicas.

El presidente Milei, en un discurso en la Bolsa de Comercio, confirmó que vetará las normas sancionadas, argumentando que su implementación pondría en riesgo el déficit cero y el plan económico liderado por el ministro Luis Caputo. Sin embargo, desde la oposición y algunos sectores del oficialismo, se sostiene que existen fuentes alternativas de financiamiento para afrontar los aumentos sin comprometer el equilibrio fiscal. "El argumento de que no hay más plata empieza a perder valor. La discusión es para qué hay plata y para qué no. Y disponer eso le corresponde al Congreso", afirmó el diputado Nicolás Massot.

La sesión del Senado fue especialmente significativa: la oposición, con el respaldo de gobernadores y bloques diversos, impuso su agenda y logró mayorías abrumadoras. El oficialismo, por su parte, intentó deslegitimar la sesión y buscó sin éxito el apoyo de los mandatarios provinciales. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en el centro de la polémica, fue acusada de "traición" por sectores del Gobierno tras permitir el avance de los proyectos opositores.

El clima político se tensó aún más con acusaciones cruzadas y amenazas de judicialización. Analistas advierten que el Gobierno enfrenta una crisis autoinfligida, producto de su estilo confrontativo y la falta de diálogo con actores clave del sistema político. El mercado financiero, atento a la situación, reaccionó con cautela ante la incertidumbre institucional.

De cara a las elecciones de octubre, el oficialismo apuesta a una victoria que le permita recomponer fuerzas y avanzar con su agenda de reformas. Sin embargo, la fragmentación política y la necesidad de consensos auguran un escenario de alta tensión y desafíos para la gobernabilidad en los próximos meses.