Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno argentino, compareció ante la Cámara de Diputados en una sesión cargada de tensión y expectativas. El presidente Javier Milei, presente en el recinto, brindó un respaldo explícito a Adorni, quien enfrenta investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y otras acusaciones de corrupción. Durante su informe de gestión, Adorni negó haber cometido delitos y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia: “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”, afirmó ante los legisladores.

El oficialismo celebró la intervención de Adorni con ovaciones y muestras de apoyo, mientras la oposición expresó su desconfianza y cuestionó la falta de respuestas concretas sobre el crecimiento patrimonial del funcionario y la gestión de fondos públicos. El jefe de Gabinete defendió los logros económicos del gobierno, destacando la reducción del gasto público, el superávit fiscal y una inflación menor respecto a la heredada, aunque reconoció que “algunos de los resultados obtenidos todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana de todos los argentinos”.

La sesión estuvo marcada por cruces verbales, con la oposición exigiendo explicaciones y sugiriendo una moción de censura. El ambiente se vio caldeado por la presencia de manifestantes y huelgas universitarias en las inmediaciones del Congreso, reflejando el descontento social ante la situación económica y la falta de avances en áreas clave como la educación pública.

En el informe presentado, Adorni también abordó el estado del Plan Nuclear anunciado en 2024, reconociendo que aún no ha entrado en vigencia ni se han iniciado obras, pese a la creación de nuevas estructuras administrativas. Analistas señalan que la falta de avances concretos y la persistencia de escándalos de corrupción debilitan la imagen del gobierno y complican la aprobación de su agenda legislativa.

La decisión de Milei de sostener a Adorni en el cargo ha generado críticas tanto dentro como fuera del oficialismo, y se percibe como un factor que erosiona el discurso anticorrupción que llevó al presidente al poder. Mientras tanto, la oposición y organizaciones sociales continúan exigiendo mayor transparencia y respuestas ante la crisis política y económica.