La reciente decisión de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, de ordenar a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, ha generado un fuerte impacto político y económico en el país. El fallo, que responde a la expropiación de la petrolera en 2012, implica una indemnización de USD 16.000 millones y reaviva el debate sobre la soberanía energética y la gestión de los recursos estratégicos nacionales.

El gobierno de Javier Milei reaccionó rápidamente, presentando un pedido de suspensión del fallo y anunciando que apelará la decisión. El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la sentencia como "jurídicamente inaplicable", argumentando que contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso para disponer de las acciones, y desconoce la inmunidad soberana del Estado argentino. "El Gobierno va a apelar y defenderá los intereses nacionales en todas las instancias", aseguró Adorni.

Por su parte, Axel Kicillof, gobernador bonaerense y exministro de Economía durante la estatización de YPF, responsabilizó a Milei por cualquier decisión que ponga en riesgo la soberanía energética y anunció una investigación sobre presuntas vinculaciones del actual gobierno con fondos buitres. "Responsabilizo a Milei de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, a YPF, y que abra negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallos firmes", declaró Kicillof en conferencia de prensa.

El Partido Justicialista también repudió el fallo, calificándolo de "orden colonial inadmisible e ilegal" y convocó a un frente social y multipartidario para defender los intereses nacionales. En tanto, analistas y exfuncionarios señalaron que la causa se originó por omisiones en el proceso de nacionalización de YPF en 2012, especialmente la falta de una oferta de compra a otros accionistas.

El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigar de empresas del Grupo Petersen, estaría dispuesto a negociar un plan de pagos alternativo, según fuentes cercanas a las negociaciones. Sin embargo, la situación genera incertidumbre sobre el futuro de YPF, cuyo valor actual ronda los USD 12.000 millones, y sobre la capacidad del país para atraer inversiones en un contexto de litigios internacionales.

El fallo ha reavivado el debate sobre la privatización de YPF y la gestión de los recursos energéticos, mientras el gobierno busca alternativas legales y políticas para evitar la pérdida de control sobre la principal petrolera del país. El desenlace de la apelación y las eventuales negociaciones con Burford serán determinantes para el futuro de la empresa y la economía argentina.